LAS CUENTAS Y LOS CUENTOS



                Como era esperable, el Constitucional ha suspendido la aplicación del impuesto sobre los depósitos bancarios que, al alimón, PSOE, IU y UPyD habían gestado durante la tramitación de los presupuestos para el 2013. De modo que 30 millones de euros previstos como ingreso para este año han desaparecido y las cuentas asturianas nacen con un déficit, buscado, por esa cantidad. ¿Dónde se va a encajar esa ficción? ¿En qué partidas de gasto se prorrateará la disminución? ¿Cuál de los tres socios de gobierno se quedará sin las inversiones comprometidas ante sus electores?
                Pero ese cuento contable no viene más que a añadirse a otro cuento conceptual, el de que, según argumentaban sus proponentes, el impuesto sobre los depósitos no recaería sobre los usuarios, sino sobre «los banqueros». Si andan ustedes apurados de la próstata no sigan leyendo, que la risa apura. ¿Conocen ustedes algún gravamen que no paguen los consumidores finales? Y, aunque así «seriese», ¿creen que los grandes accionistas de las entidades financieras iban a perder un solo céntimo? De pagarlo los accionistas, serían los pequeños accionistas, los ahorradores, los pensionistas, los jubilados, los usuarios, en una palabra. Lo que ocurre es que cuando, desde los que se llaman de izquierdas, dicen «los banqueros», sus votantes paulovean imaginándose un tipo gordo con puro, chistera y frac,  desconociendo, con una pulsión muy propia de una parte importante del autodenominado progresismo, de qué rayos se habla en realidad.

                La fábula se completa a posteriori al afirmar que la decisión del Gobierno central de «inventar» un impuesto que anularía el asturiano ha sido para ahogar a nuestra autonomía, por ser una autonomía de izquierdas. ¿Risum teneatis? ¿Pero es que alguien sabe que existimos? No estaría de más recordar, al respecto, que también fue afectada Cataluña y recurrida la misma norma gestada por esa comunidad a finales del 2012. Y, del mismo modo, que lo han sido asimismo Andalucía, Extremadura y Canarias, si bien en estas comunidades el efecto ha sido distinto, pues estaba ya en vigor el impuesto antes de la vigencia de la norma estatal y deberán ser compensadas. Y en eso sí tiene razón nuestro Gobierno, porque es esa una injusta desigualdad que señala, una vez más, los desajustes normativos y de financiación en el sistema autonómico.
                (Por cierto, ¿se alegrarán o llorarán nuestros portoalegristas y altermundistas, tanto los de IU y PSOE como los que orbitan en la periferia, porque el impuesto del Gobierno venga a concretarse en una tasa europea contra cierto tipo de movimientos bancarios? ¿Les importará, en el fondo?)
                Pero no crean ustedes que el cuento y la fantasía se limitan a las cuentas. No. También existen notables creaciones alucinatorias sobre el mundo. Así, por ejemplo, IU acaba de proponer  «un impuesto para gravar las fincas rústicas no utilizadas en Asturias». ¡Pero dónde viven estos tipos? El problema de Asturies no es el de latifundios propiedad de manos muertas, es el de una tierra que nadie quiere utilizar y de la que la mayoría huye si puede. No más de 15.000 personas son las que están afiliadas al régimen especial agrario. Paseen ustedes por cualquier pueblo. Será difícil que llegue a un 2% el número de personas que gana su sustento con la agricultura o la ganadería, y la mayoría de ellos, de más de 50 años. ¿El resto? Jubilados que viven de las exiguas rentas de una pensión y de un poco de huerta tal vez. Las tierras, baldías. Nadie las quiere, ni gratis, para recoger la hierba. Y en menos de veinte años la mayoría de lo que conocemos como el paisaje asturiano estará desaparecido, echados los prados a monte, cegados los caminos, yermos los pueblos, enseñoreado el territorio por pájaros y bestias.

                Pensando, sin duda, en «el conde» o «el marqués», o acaso en su orgiástica memoria de la República, estos tipos de IU quieren ahora poner un gravamen a todos los jubilados, a las pensionistas, a los impedidos que no pueden cultivar sus tierras ni sacar rentas de ellas. ¡Ya saben: una política progresista para perseguir al pequeño campesinado, que, como señalaron Lenin, Mao, Castro y Pol Pot son siempre elemento reaccionario!
                Ello sería coherente, por otro lado, con la política continuada, a lo largo de tantas décadas, de IU y PSOE para acabar con el sector primario asturiano y con la población rural: echando a los pastores de los puertos, incomodando a los vecinos de los parques naturales, menospreciando a los ganaderos, prohibiendo a la gente ganar dinero con la madera, exigiendo al autónomo agrario tantos papeles y requisitos como si tuviese unos cuantos administrativos a su servicio…
                Lo llaman «progresismo», pero es simplemente señoritismo, eso sí, convenientemente travestido.